La Fundación Santa María la Real ha aportado su experiencia al desarrollo de un equipo de trabajo, en el marco del programa europeo JPI-CH, orientado a diseñar una metodología que permita definir el valor socioeconómico del patrimonio cultural digital.

Las conclusiones del trabajo desarrollado por el equipo a lo largo de los últimos meses se presentaban hace unos días en Valladolid, en el marco del Seminario sobre Digitalización de Archivos y Bibliotecas, desarrollado dentro del proyecto CD-ETA, orientado a mejorar la digitalización del patrimonio natural y cultural europeo.

Paula Conte, Selene Verdial y Maximiliano Barrios, técnicos de la Fundación Santa María la Real fueron las encargadas de explicar a los asistentes, la metodología que está siguiendo el equipo de trabajo n. 41 del programa JPI-CH, en el que han participado 63 expertos de 12 países. Entre todos, mediante foros de debate en red, han tratado de responder a una pregunta muy concreta cuál es el valor del patrimonio digital y con qué herramientas contamos para cuantificarlo.

Así, el equipo de trabajo se ha centrado primero en establecer y definir el concepto de patrimonio cultural digital, para, posteriormente, poder establecer una metolodogía que permita medir su valor económico real y, a partir de ahí, poder diseñar una serie de recomendaciones o políticas de buenas prácticas que puedan ayudar a los gestores a mejorar sus conservación y difusión. 

En cuanto al concepto de Patrimonio Cultural Digital, el grupo de trabajo coincide en que es necesario revisar la definición que facilita la UNESCO para poder abarcar todo el patrimonio digitalizado y, una vez, conocido y categorizado, poder establecer la metodología necesaria para cuantificar su valor en términos económicos.

Con respecto a la metodología para evaluar el Patrimonio Cultural Digital, el grupo de trabajo sugiere la utilización de indicadores ya probados en otros tipos de patrimonio, adaptándolos a las circunstancias de los bienes digitalizados, también pueden contribuir a la medición otros indicadores específicos como: número de visitas web, impacto social en redes sociales, accesibilidad o la replicabilidad de los contenidos.

Finalmente, por lo que se refiere a las recomendaciones y líneas de trabajo, el grupo incide en la necesidad de coordinación entre las diferentes instituciones implicadas en la gestión del patrimonio digital, así como en la necesidad de implantar una legislación común europea adaptada a las características del Patrimonio Digital, como un activo interconectado que no se ve afectado por las fronteras físicas.